Autoridades judiciales determinaron que Carlota «N» (73 años), Eduardo y Mariana permanecerán en prisión durante el proceso, rechazando arresto domiciliario pese a condiciones de salud.

En una decisión que marca el rumbo del polémico caso, un juez de control del Estado de México decretó este viernes prisión preventiva justificada para Carlota «N» (73 años) y sus dos hijos, Eduardo (34) y Mariana (51), acusados del doble homicidio calificado ocurrido el 1 de abril en Chalco durante una disputa por un inmueble.

Detalles clave de la audiencia

La audiencia, realizada en el penal de Chalco, reveló datos escalofriantes:

• Mariana «N» habría amenazado a las víctimas: «Si no se salieron por las buenas será por las malas», antes de regresar con su madre y hermano armados.
• Según declaraciones del MP, Mariana instigó los disparos: «Mátalos, mamá, párteles su madre», mientras Eduardo atacó a un menor (caso de homicidio en grado de tentativa).
• El juez validó la legalidad de su detención, basada en una orden de aprehensión por homicidio calificado con ventaja (artículo 242 del Código Penal del Edomex).

• Argumentos para la prisión preventiva

  La Fiscalía argumentó que los acusados representan un riesgo:

  • Podrían amenazar a testigos o familiares de las víctimas.
  • Existe alto riesgo de fuga, dada la gravedad del delito (pena de hasta 70 años).

  • Defensa rechazada: Salud vs. Seguridad

    Los abogados solicitaron medidas alternativas:

    • Para Carlota: arresto domiciliario por diabetes (requiere insulina cada 4 horas) y su edad avanzada.
    • Para Mariana: tratamiento psiquiátrico, alegando bipolaridad y epilepsia.
      El juez desestimó las peticiones, priorizando el peligro procesal.

    ¿Qué sigue?

    • La vinculación a proceso se definirá en una próxima audiencia.
    • Las autoridades continúan investigando la legitimidad de la posesión del inmueble que originó el conflicto.

    Impacto social: El caso sigue polarizando opiniones. Mientras algunos ven a Carlota como una defensora de su patrimonio, otros exigen justicia para las víctimas, cuyas familias insisten en que tenían un contrato de renta válido.

    Con los tres implicados tras las rejas, el sistema judicial mexiquense enfrenta el reto de dirimir un conflicto que mezcla violencia, propiedad y salud mental bajo el reflector nacional.